Ley de medios, una lucha de clases recargada

El fallo de la Corte Suprema que declara la constitucionalidad de la ley de medios no ha cerrado la disputa judicial con el grupo Clarín ni allana su desmantelamiento. El titular de la Corte Suprema declaró, incluso, que sólo ha cambiado la agenda de nuevas pendencias. Es que la demora en admitir la vigencia de una ley, debidamente votada por el órgano correspondiente, ha sido un factor de primer orden en el acicate a esta crisis. Ahora, el breve período de tiempo que queda por recorrer hasta el cambio de gobierno, le da resto a la continuación del litigio. La tentativa de inclinar los medios hacia el oficialismo llega tarde para torcer, antes de principios de 2015, las tendencias políticas, sociales, económicas y electorales. El llamado a la ‘prudencia’ del ex presidente del AFSCA, Sebastián Mariotto, ilustra lo dividido que se encuentra el oficialismo.

Los términos reales de la disputa son prueba suficiente de que la “libertad de prensa” o la “pluralidad de la palabra”, no es lo que está en juego. Lo que sí lo está son los intereses económicos y la pelea de poder. Cualquiera sea el desenlace, el monopolio de la palabra quedará en manos de los poseedores del capital invertido en los medios y su plantel de financistas. La crema del negocio es el ‘triple play’ (telefonía-Internet-televisión), o sea la explotación de la infraestructura óptica y, por otro lado, de la comunicación satelital. Esto explica las reestructuraciones accionarias que se están produciendo en el mercado mundial. Hay en marcha un proceso de concentración, no de ‘desconcentración’. Por otro lado, las 900 licencias de radios FM entregadas desde la aprobación de la ley de medios, sólo 28 fueron adjudicadas a medios de comunicación sin fines de lucro -la mayor parte vinculada con el kirchnerismo. La versión original de la ley de medios autorizaba a las telefónicas a prestar estos servicios.

En la puerta misma del grupo Clarín, Sabbatella lo invitó a hacer propia la propuesta de “desinversión” presentada por el fondo buitre Fintech Advisory, el socio minoritario de Cablevisión. El fondo participa de la negociación con los bonistas que han rechazado los canjes de deuda. Sabbatella se atrevió a asegurar que este fondo buitre de Estados Unidos podría ser titular de medios de comunicación, esto en virtud del tratado de “inversiones recíprocas con Estados Unidos”, pero contradiciendo lo que establece, en sentido contrario, la ley de bienes culturales. Esto ya ocurre con la intervención del grupo español Prisa, que llevó su casa matriz a Estados Unidos para gozar de los beneficios de las ‘inversiones recíprocas’ (como si Argentina invirtiera en Estados Unidos). Los fondos financieros, sin embargo, no acostumbran a operar medios de comunicación; ‘revenden’ sus tenencias a los pulpos de la industria (aunque, cuando les es posible, conservan un paquete de bloqueo). La Presidenta, precisamente, declaró en ocasión del voto de la ley, que favorecía el ingreso de las teles más grandes al mercado argentino, alegando que “no se puede tapar el cielo con un harnero”. El oficialismo y su vocero ‘progre’ son la correa de transmisión de un sector del capital financiero y de los monopolios telefónicos. Por esto raya en el escándalo que el juez Zaffaroni destacara que la ley en cuestión protegía la cultura nacional. La aspiración de Magnetto ha sido ocupar, en Argentina, el espacio de mercado que tienen O Globo, en Brasil, o Televisa, en México, donde las disputas de mercado siguen, de todos modos, más intensas que nunca. En realidad, ha estado ‘durmiendo con el enemigo’ en la sociedad de Cablevisión. La crisis de la deuda externa ha potenciado el arbitraje de Fintech y de los buitres en general en los conflictos nacionales. Clarín acaba sufriendo a costa propia la subordinación de la burguesía nacional al capital financiero internacional.

El gobierno pretende valerse de un cambio de alianzas con los dueños de los medios para desarrollar una “apropiación de la palabra”, en ejecución desde hace tiempo. Es tan evidente la censura en desarrollo, que la Corte Suprema se ha visto obligada a injertar en su texto recomendaciones y advertencias, sin más alcance.

Los opositores al gobierno, incluso quienes habían votado la ley de medios, cuestionaron el fallo de la Corte Suprema, pero no por su demora o porque reafirma el poder discrecional de un órgano no electo y vitalicia para vetar las decisiones de un Congreso electo. El doctor Zaffaroni propone, incluso, la formación de un tribunal constitucional, cuya única función sería acelerar los tiempos de la censura judicial contra la representación formal de la ciudadanía.

La naturaleza enteramente capitalista de las alternativas en disputa, queda probada por el hecho de que las principales víctimas serán los trabajadores. La Corte Suprema ‘recomienda’ recurrir a despidos de personal o aumento de tarifas, en el caso de que el fallo provoque una alteración en la ecuación económica del negocio. Una ‘salida’ que, obviamente, las patronales de prensa ya han venido aplicando. A este ajuste se sumará una presión ideológica a los periodistas.

El fallo “tardío”, como enseguida lo caracterizó el Partido Obrero, se inserta en la crisis más general que caracteriza a la transición política en curso. La izquierda debe intervenir en ella para señalar la posición socialista, que es la denuncia de la oposición irrevocable que existe, en última instancia y en forma corriente, entre el monopolio del capital y la libertad de expresión. El movimiento obrero debe salir en defensa a los trabajadores de prensa y gráficos, contra despidos, suspensiones y censuras ideológicas.

Gabriel Solano