Los síndicos de la nueva quiebra nacional

Lorenzino-Guastavino-Fernandez-GERARDO-DELLORO_CLAIMA20130510_0035_4La caída de Moreno y los demás

La crisis de gabinete, que se ha llevado puesto al inconmovible Moreno, tiene como telón de fondo a la caída en picada de las reservas internacionales, la quiebra del fisco, el derrumbe energético y una inflación imparable.

Como respuesta a la derrota electoral, el “modelo nacional y popular” ha resuelto volver a sus orígenes: la conducción del gabinete ha sido entregada a quien ejerció ese cargo bajo el gobierno de Duhalde, Jorge Capitanich. Después de haber ensayado la ‘transversalidad’, la convergencia plural y los “unidos y organizados”, el kirchnerismo vuelve al pejotismo. Capitanich cuenta con el apoyo de Gioja, Urtubey y la “liga de gobernadores” asociada a los intereses sojeros, mineros y de otros grupos capitalistas que reclaman a gritos la devaluación. Después del 27, la “liga” se ocupó de exigirle un viraje político y económico a la camarilla presidencial (ello, mientras ensayaba sus acercamientos con Massa). El libreto del pejotismo es claro: hacer pasar el ajuste y la devaluación que la clase capitalista quiere imponer como salida a la fundición de la política oficial.

Devaluación

Muchos han presentado al nombramiento de Kicillof como la ratificación de una orientación intervencionista o estatista. Omiten decir que el dirigismo oficial ha sido siempre un rescate de los intereses capitalistas. Ello vale particularmente para la principal “gesta” del ex militante estudiantil, la reestatización parcial de YPF, que sólo reemplazó a la fundida Repsol por los pactos leoninos con Chevron. Lo que se viene no es distinto: el nuevo ministro plantearía un desdoblamiento cambiario, con un dólar de 8-8,50 pesos para quien lo demande con fines turísticos, financieros o para importaciones de lujo, y que podría extenderse al sector financiero. Pero Kicillof y Moreno fueron los principales impulsores de los bonos Baade, que también pueden cambiarse a un dólar “especial” cuando se aplican a inversiones en infraestructura. Kicillof quiere extender esos mecanismos devaluatorios. Así, los exportadores que retienen la liquidación de sus divisas, para no venderlas a seis pesos, podrían ingresarlas bajo la forma de (auto) ‘préstamos’, y cambiarlas al nuevo dólar desdoblado -esto es justamente lo que Moreno y Kicillof le propusieron semanas atrás a las grandes cerealeras.

El desdoblamiento, en ese cuadro, sólo puede ser el preámbulo de una devaluación general. Para advertirle a Kicillof que el rumbo debe ser ése, la Bolsa lo recibió con una caída general de acciones y títulos públicos, y recuperó “el tono” después de la renuncia de Moreno. Si no quiere correr la misma suerte de este último, Kicillof deberá avanzar hacia un dólar “único” y fuertemente devaluado y, por lo tanto, al levantamiento del cepo. Para ello, continuarán acelerando la devaluación del dólar ‘oficial’. La depreciación del peso -que alcanzó al 25% en el último año- se ha acelerado al 40% el último mes, lo que está en la base de la brutal escalada de los precios.

Para que la desvalorización de la moneda contribuya a mitigar la quiebra del Estado, los “nacionales y populares” irán por un ajuste del gasto público, que es lo que el gran capital reclama cuando -mentirosamente- pide “bajar la inflación”. El primer paso fue anticipado por el renunciado Abal Medina, cuando dijo que una parte de los subsidios a los servicios públicos serían reemplazados por aumentos de tarifas. Lo mismo vale para los impuestazos que están aprobando todas las legislaturas del país. La única medida “antiinflacionaria”, en este punto, es el techo a los salarios.

Los que se fueron

La crisis puso en retirada al ministro Lorenzino, anticipada por un recrudecimiento de la guerra judicial contra su mentor Boudou. Lo mismo ocurrió con la presidenta del Central, Marcó del Pont. En el caso de Lorenzino-Boudou, habían prometido una rápida normalización con el capital financiero, a partir de un arreglo de deuda con los fondos buitres, con las privatizadas que sostienen juicios contra el país en el Ciadi y con el Club de París. Además de cargar con la causa Ciccone, el vice está sospechado de ser un vulgar comisionista de algunos fondos de inversión. En ese carácter, Boudou-Lorenzino prometían conjugar el derrumbe de las reservas internacionales, apelando a un nuevo ciclo de endeudamiento. Por esa vía, hasta fantaseaban con postergar el ajuste. Pero los buitres condicionan ese arreglo de deuda a un viraje de la política económica, que comience, precisamente, con una devaluación en regla y un ajuste. Es el camino que, tortuosamente, inicia Kicillof. El gobierno, mientras tanto, no ha renunciado a un arreglo con los buitres: Lorenzino lo seguirá tramitando como titular de una “unidad de reestructuración de deuda”.

Marcó del Pont, que entrega un Banco Central en virtual quebranto, aclaró días atrás cuál era la razón por la cual se habían perdido 15.000 millones de dólares bajo su mandato: “el desendeudamiento” -o sea, el pago de la deuda externa con reservas. Para comprar esos dólares, el Central dio rienda suelta a una emisión desenfrenada, recibiendo del Tesoro pagarés de renovación indefinida. La política de los ‘pagadores seriales’ es responsable de la inflación galopante y de la quiebra del Banco Central.

La agenda de los trabajadores

El cambio de gabinete ha puesto de manifiesto la completa impasse del gobierno frente a la nueva crisis nacional. La oposición, como los “mercados”, le reclama al gobierno que se beba la cicuta -el ajuste y la devaluación- de un solo trago. En cualquiera de las variantes planteadas, la intención de trasladarle la crisis a los trabajadores está fuera de duda, como se aprecia en los tarifazos en puerta, en los impuestazos provinciales y municipales y la carestía galopante, por un lado; y en la tentativa del gobierno y de las patronales por colocarle un cepo a los salarios, por el otro. El vitalicio ministro Tomada acaba de desautorizar cualquier adicional o aguinaldo extra, un reclamo que se extiende en las principales concentraciones obreras. El esfuerzo oficial por imponer una “política de ingresos” (o sea, contra los ingresos populares) explica también el acercamiento oficial al clero. La jerarquía de la Iglesia ha cerrado filas con la burocracia sindical en defensa de una “paz social” que clausure los reclamos; a cambio de ello, el gobierno ha cedido a los principales planteos clericales en el nuevo Código Civil. El “cruzado” Capitanich -un enemigo furioso del derecho al aborto- será garante de este pacto. Diez años después de Duhalde, el PJ vuelve a ser el síndico de una quiebra nacional. Sin embargo, ni la condición de los síndicos ni la de sus víctimas es la misma: unos cargan con una década de ‘colaboración’ con el pago de la deuda, el vaciamiento energético, la precarización laboral y la polarización social crecientes. En lucha contra ellos, se ha desarrollado una intensa oposición clasista y de lucha en las organizaciones obreras y populares, y una alternativa política de izquierda.

Enfrentemos al gabinete de la quiebra nacional con la agenda de los trabajadores: por un doble aguinaldo o bono extraordinario de fin de año, por la reapertura de las paritarias; por la indexación mensual de los salarios de acuerdo con la inflación; por la apertura de los libros de los monopolios remarcadores, a manos de una auditoría de trabajadores; por el 82% móvil y la dirección de la Anses en manos de trabajadores y jubilados electos; desconocer la deuda usuraria; ningún tarifazo, abrir las cuentas de todas las privatizadas; abajo la reforma reaccionaria del Código Civil.

Sobre la base de esta agenda, desarrollemos al Frente de Izquierda como alternativa política a los devaluadores y ajustadores.